Proyecto de resolución sobre actividad pesquera en las Islas Georgias del Sur

20 de marzo de 1996
6ª Reunión – 3ª Sesión ordinaria
Diario de Sesiones – Tomo 2 – Páginas 1067 a 1069 y 1075

Sr. Menem. — Señor presidente, señores senadores: en la última sesión no pudimos votar, por falta de quórum, el proyecto de resolución que habíamos propuesto. Espero que hoy no pase lo mismo, razón por la cual voy a tratar de ser muy breve en mi exposición, así puede ser votado, si bien en la última sesión había consenso para su aprobación.
En este proyecto de resolución, en el artículo 1º ratificamos prácticamente lo que dice la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional que, como es sabido, sancionamos en 1994 en la Convención Constituyente y en la cual ratificamos los legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares.
Además ratificamos la voluntad del pueblo argentino en el sentido de constituir como un objetivo permanente e irrenunciable la recuperación de esos espacios territoriales marítimos.
Como segundo término de la resolución repudiamos y denunciamos la ilegítima pretensión británica de cobrar un canon para autorizar la pesca en los espacios marítimos de las islas Georgias del Sur.
En tercer término, en la resolución proyectada denunciamos al gobierno británico por sus reiteradas violaciones al derecho internacional mediante la amenaza del uso de la fuerza y por el incumplimiento de mala fe de las obligaciones contraídas por ese gobierno al celebrar el Tratado para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, denominado Camelar, hecho que genera responsabilidad internacional.
Por último, solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que denuncie los hechos indicados en los puntos anteriores ante el secretario general de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Río, haciéndoles conocer además el texto de la presente resolución.
Creo que los antecedentes de este proyecto de resolución son por todos conocidos, ya que han tenido amplia difusión en la prensa. Lo hemos debatido también en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde estuvo presente, por nuestra invitación, el ministro de Relaciones Exteriores, con un alto número de senadores que asistieron a esa reunión dada la trascendencia del tema.
Indudablemente esta resolución se justifica ampliamente por cuanto se trata de una nueva acción unilateral ilegítima por parte de Gran Bretaña en una zona que es de indiscutible soberanía argentina, como es el espacio marítimo de las islas Georgias del Sur.
En el peor de los casos esa soberanía estará en disputa como lo han reconocido las Naciones Unidas, pero no cabe la menor duda de que no se puede permitir que una nación usurpadora, como en este caso, pueda pretender cobrar un canon para la pesca en esas aguas, sobre todo porque además de ser una zona en disputa —que desde nuestro punto de vista es legítimamente nacional, es argentina— está violando un tratado internacional, que es el Tratado para la Conservación de Recursos Vivos Marinos de la Antártida, al cual han suscripto numerosos países y que entró en vigencia en 1982, del cual forman parte también Gran Bretaña y la Argentina.
Por eso nosotros decimos en el proyecto de resolución que se violan de mala fe o se incumplen de mala fe las normas internacionales de este Tratado, conocido comúnmente como Camelar.
Yo tuve oportunidad de calificar este acto de cobro del canon como una acción ilegítima y ejercida mediante un hecho de fuerza, porque no caben dudas de que estamos ante un acto de mera fuerza. A Gran Bretaña no le asiste ningún derecho para cobrar este canon, porque viola los derechos de una potencia como la Argentina, que los ha alegado, y sobre la base de esos derechos se ha reconocido que hay una disputa de soberanía.
Además, viola un tratado internacional; viola normas del derecho internacional.
Si hace esto utilizando naves de guerra, indudablemente está cometiendo un acto de violencia, que no se diferencia en mucho de los actos de piratería que se realizaban antaño.
Por eso he calificado el hecho como un acto de piratería, lo cual ha sido impensadamente compartido por otros afectados por esta actitud ilegal.
Tengo sobre mi banca referencias de un capitán de un barco pesquero español, Pablo Costas Villar, que dice que son piratas los controles británicos en las Georgias. Es capitán del pesquero “Liberty”, que fue interceptado por naves inglesas y obligado a pagar canon dentro de las 200 millas de las Georgias. Dijo que: “desde que estamos operando es estas aguas, hace dos años, nos están increpando, siguiendo, asaltando y usando métodos bien piratas, que recuerdan su vieja tradición de siglos atrás. Ya estoy acostumbrado a ser acosado por su accionar”. El navegante español confirmó que hay tres barcos de guerra británicos “vigilando la zona de las Georgias y la patrulla de pesquerías de Puerto Argentino, en Malvinas, también hace lo mismo”. Costas Villar aclaró que su embarcación no abonó canon exigido por el gobierno de las islas pero, de todos modos, estuvo forzado a retirarse.
El Tratado Camelar al cual hago referencia regula la conservación de los recursos marítimos en esta zona. Ha establecido cupos de pesca y un control científico para evitar la depredación. El año pasado estableció que no se podía pescar más de 4 mil toneladas de la especie de que se trata —la merluza negra—.
Pero no es un problema de trascendencia económica el que nos aflige, sino de principios. Porque todos los que han suscripto este tratado se comprometen a vigilar la conservación de estos recursos pero, de ningún modo, a beneficiarse económicamente, como ilegítimamente ha pretendido Gran Bretaña.
Se basan —como siempre lo hacen, en forma arbitraria e ilegítima— en una interpretación del presidente de la Convención del Camelar de 1980 que decía que los Estados soberanos, que tienen reconocida la soberanía, pueden ejercer medidas de control más rigurosas en esta zona.
Esto se refería exclusivamente —era el objetivo fundamental— a proteger la posición de dos islas de soberanía francesa: Kerguelen y Crozet. Nadie les discute la soberanía. No es el caso, precisamente, de las Georgias del Sur, donde no sólo hay una disputa de soberanía. La Asamblea General de las Naciones Unidas y el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas han reconocido a través de muchísimas resoluciones que existe esta disputa. También ha instado a las partes a negociar, estableciendo que ninguna puede ejercer jurisdicción en ninguna de estas zonas en disputa.
Por supuesto que cuando Gran Bretaña anunció en 1993 que iba a tomar medidas unilaterales de jurisdicción en materia pesquera, la Argentina reclamó energéticamente a Gran Bretaña y reclamó también en la comisión del Camelar. Se cruzaron decenas de notas en ese sentido; siguiendo las formas diplomáticas. Gran Bretaña anunciaba las medidas y la Argentina las rechazaba. También fueron rechazadas por otros países, inclusive por nuestra hermana República de Chile que en el día de ayer ha suscrito un comunicado conjunto de ambas cancillerías repudiando esta actitud de Gran Bretaña por ser contraria al derecho internacional y a la posición del Camelar.
Por supuesto que ésta no es la primera vez que Gran Bretaña toma medidas unilaterales. Nosotros en 1986 hicimos un reclamo similar en la zona de Malvinas cuando extendieron a 150 millas el área de exclusión, el área de jurisdicción. Si nosotros vemos los diarios de aquella época vamos a observar que hay manifestaciones similares.
Como Senado de la Nación en aquella oportunidad dictamos una resolución de repudio a esta actitud ilegítima de los británicos porque indudablemente constituye un acto de fuerza, que también fue repudiado por todas las naciones.
Recuerdo que en esa ocasión vino el entonces canciller Dante Caputo, citado por este cuerpo. Dio explicaciones en una sesión secreta porque en ese momento sostuvo que era preferible tratar el asunto en una reunión que tuviera ese carácter. Y nuestro bloque, que había hecho manifestaciones en el sentido de no estar de acuerdo con los convenios de pesca suscritos en aquella oportunidad con la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y con Bulgaria, como un acto de solidaridad con la posición argentina, cambió su posición y votó la ratificación de aquellos acuerdos pesqueros porque fue a consecuencia de eso que los británicos decidieron extender la jurisdicción a 150 millas.
En definitiva, señor presidente, podríamos hablar mucho más sobre el tema. La vez pasada, cuando se planteó y nos habíamos quedado sin quórum, acordamos que en algún momento debíamos discutir la cuestión de fondo de nuestra política hacia Gran Bretaña y darnos un debate más profundo. Yo creo que así debe ser; que en algún momento debemos discutirlo.
El señor senador por San Juan ha presentado un proyecto que en la reunión de ayer solicitó fuera tratado junto con este tema. Pero es una iniciativa más de fondo; es un proyecto más importante porque además de estas medidas aconseja tomar otras como el retiro de embajadores y traer a consideración de este cuerpo los convenios de Madrid de 1990. Yo creo que en oportunidad de esas medidas de fondo quizá podríamos darnos un debate más detallado sobre nuestra política de Gran Bretaña y al tema específico de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Por lo pronto, voy a citar la próxima semana a reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores para que empecemos a tratar este tema.
Considero que hoy deberíamos circunscribirnos a votar este proyecto que es importante y no podemos demorar ni un día más porque ya ha sido sancionado en la Cámara de Diputados uno similar —tiene muy pocas diferencias— y el Senado como representante del federalismo argentino, no puede estar ausente de un pronunciamiento de esta naturaleza, sobre todo porque nosotros le pedimos al canciller que haga conocer este pronunciamiento no sólo al Secretario General de las Naciones Unidas sino también al Presidente del Consejo de Seguridad, a la Organización de los Estados Americanos y al Grupo de Río. Además, creo que también hay una propuesta —que seguramente se va a expresar aquí— de hacerlo conocer a la Comunidad Europea.
Por todas estas razones, para no abundar en más detalles y con la convicción de que de esta forma cumplimos con el mandato constitucional de defender nuestra soberanía, creo que deberíamos aprobar por unanimidad este proyecto de resolución.
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Sr. Menem. — Señor presidente: desde ya que voy a aceptar el agregado propuesto por el señor senador por el Chaco.
Sólo quiero decir que tengo para responder todos y cada uno de ciertos argumentos que acá se han vertido, pero voy a ser muy respetuoso de la palabra empeñada en el sentido de debatir la política de fondo en la comisión, ámbito en el que vamos a tratar el proyecto propuesto por el señor senador por San Juan. En efecto, debo señalar que con la buena voluntad y la caballerosidad que lo caracterizan, el senador ha respetado su palabra, porque no hemos venido aquí a debatir la política de fondo ni el marco de la cuestión, sino el tema de las Georgias. Este ha sido el compromiso que también ha respetado el señor senador por el Chaco.
Sólo quiero expresar al señor senador por el Chaco que no deseo que quede flotando esa duda que él plantea de que alguno de los acuerdos celebrados, como el del petróleo, signifique reconocer un derecho desde ningún punto de vista.
Nosotros no hemos reconocido ni reconocemos ni vamos a reconocer ningún derecho de Gran Bretaña que implique una pretendida soberanía sobre ninguno de los espacios territoriales y marítimos en disputa. Esto, además, es un mandato de la Constitución. He tenido el honor de proponer en la Convención Constituyente, como recordarán, la cláusula transitoria referida a este aspecto. En ese momento fui encomendado para hablar en nombre de toda la Convención a fin de fundamentar nuestros derechos y la inserción de la mencionada cláusula. De manera tal que nunca aprobaría ningún tipo de actitud que signifique violar esa cláusula, que constituye un mandato de honor para todos los argentinos.
Reitero: no hemos reconocido ni reconocemos ni vamos a reconocer ningún derecho de Gran Bretaña.
Estamos de acuerdo en que sobre el particular debemos tener una posición uniforme. No podemos hacer disputas partidarias en tren de ganar espacios políticos o de prensa detrás de un tema tan sensible para todos los argentinos.
Por estos motivos, recordé expresamente que en su oportunidad, cuando en 1986 se planteó un tema similar, aceptamos que se discutiera en una sesión secreta, donde planteamos al canciller de ese entonces, el licenciado Caputo, nuestras divergencias sobre la política exterior. Pero lo hicimos aquí adentro y no salimos a proclamarlo afuera. No fue una casualidad —como también lo recordará— que cambiáramos nuestra posición y que votáramos a favor de los acuerdos pesqueros. Lo hicimos precisamente para tener un frente uniforme ante una actitud lesiva hacia nuestros derechos, como la que había asumido en esa oportunidad Gran Bretaña, también a través de una medida unilateral como la que está teniendo ahora en las Georgias.
Por eso considero que este debate lo tenemos que hacer en la Comisión.
Por último, quiero decirle al señor senador por el Chaco que no hemos resignado ni resignaremos ni vamos a resignar ningún derecho. Nos conocemos desde hace doce años, discrepamos muchas veces, pero sabemos que a la hora de defender los intereses nacionales vamos a estar siempre en la misma trinchera.
Por estas razones pido que pasemos a votar el proyecto, que ya es conocido porque fue leído y consensuado la semana pasada, con la expresa mención de que además de los organismos a los cuales se hace referencia en el texto también se agregue a la Comunidad Europea.