Proyecto de ley sobre reformas al Código Penal restringiendo la libertad condicional

7 de abril de 2004
5º Reunión – 3º Sesión ordinaria

Sr. Menem. — Señor presidente: estamos sesionando en un clima que pocas veces hemos vivido en este Parlamento. Lo hacemos con el corazón angustiado por la situación planteada por un padre dolorido por el cruel asesinato de su hijo. Este padre no se queda sentado, reclama justicia, se presenta ante todos los medios de comunicación y moviliza gente que responde espontáneamente para acompañarlo en su dolor. Y hemos visto esta manifestación que por sus características, prácticamente, no tiene parangón en la historia del país. La ciudadanía ha venido al Congreso a reclamarnos que hagamos lo que tenemos que hacer para terminar con este clima de inseguridad que vive el pueblo argentino.
Por ello me parecen lamentables ciertos comentarios que han vertido algunos sectores que son perfectamente reconocibles, tratando de menoscabar esta marcha, sectores que hablan de una marcha de la clase media, sectores que dicen “mirá la ropa que usan”; sectores que utilizan cualquier argumento para tratar de descalificarla.
Yo digo: ¿puede haber algo más legítimo que un padre que reclama justicia por el asesinato de un hijo? Los que alguna vez hemos pasado por situaciones similares, como la del secuestro de un hijo, podemos comprender la angustia del padre de Axel. Si tuvimos la suerte de que nuestro hijo regresara con vida, él no la tuvo y comprendo su dolor, infinitamente mayor que la angustia y el dolor que pudiéramos haber sentido.
¡Esto es tan legítimo, señor presidente! Por eso me ha parecido lamentable que acá se quieran traer cuestiones de la interna de una provincia, porque no está a la altura del reclamo del padre de Axel. Acá hemos venido con un temario para tratar cuestiones que hacen a la seguridad ciudadana por casos concretos. No hemos venido a dilucidar internas provinciales ni a dilucidar los fondos que se remiten o no, o la coparticipación.
En honor a eso no voy a entrar en ciertas cuestiones. Sólo quiero dar un dato.
Mi provincia, a la que se quiere menoscabar —y sé que el próximo paso va a ser pedir la intervención—, es la que tiene menor cantidad de delitos en el país después de Tierra del Fuego. En este libro que acaba de salir y que obra sobre mi banca tengo las estadísticas sobre inseguridad ciudadana. El último dato de 2002 indica que en mi provincia hubo sólo dos homicidios dolosos. La provincia de San Luis está a la par, también con dos homicidios dolosos; Tierra del Fuego no tuvo ninguno. Todas las demás tienen cifras superiores.
Entonces, si vamos a hablar de estos temas tenemos que hacerlo con seriedad, no tratando de disminuir el nivel de una discusión que tiene que ser en serio y debe servir para solucionar el problema de la inseguridad, que nos angustia a todos los argentinos.
Señor presidente: parece que uno de los problemas que afronta la sociedad argentina es que se han perdido o disminuido los frenos inhibitorios que se tienen frente al delito. Han caído. No hay escrúpulos. Por eso, es cada vez más creciente la criminalidad. Lo que tenemos que ver es por qué han disminuido esos frenos inhibitorios que una persona normal tiene frente al delito. Hay muchas causas. Muchos dicen: “Es la droga”. Sí; efectivamente, la droga disminuye los frenos inhibitorios. El alcoholismo también los disminuye, pero también hay otras causas.
Se habló de la pobreza y de la marginalidad. Es cierto. También sirven para explicar ciertos tipos de delitos, aunque no todos. No se me va a decir que el secuestro y el asesinato de Axel fueron cometidos por gente que tenía hambre o era menesterosa. Todos estos delitos —hay bandas, están armados y cuentan con logística— no tienen nada que ver con la pobreza. ¡Es un insulto a los pobres decir que estos delitos los comete la gente pobre! Son cometidos por delincuentes natos, salvajes, bestias humanas que asesinan a un chico indefenso como un mensaje que hay que tener en cuenta para el próximo secuestro; es decir que deben pagar porque si no van a matar al secuestrado.
Señor presidente: debemos ver que llegamos a esto porque creo que no tenemos una política en materia penal ni criminal.
Hemos venido emparchando el Código Penal, lo cual no es bueno. Pero también es cierto que lo hemos hecho a requerimientos de tipo espasmódico. Si matan a policías, sancionamos leyes agravando las penas para los que matan policías; si roban vacas, elevamos la pena para los que cometen abigeato; si roban autos, agravamos las penas vinculadas con el robo de automotores… Pero no es así como se tiene que legislar. Tiene que haber una política penal, criminal y carcelaria. Eso es lo que está faltando y lo que deberíamos darnos.
Se actúa con mucha improvisación, y un ejemplo de ello es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires con el cambio de los ministros de seguridad a cada momento. Se trata de cambios improvisados que denotan la inexistencia de una política de seguridad definida.
Lo mismo sucede en el orden nacional. Muchas veces hemos visto anuncios que están más dirigidos al marketing político que a lograr la efectividad de las medidas. En junio de 2003, el ministro Beliz se reunió con el Ministro de Seguridad de Buenos Aires e impulsó la creación de un Estado Mayor Conjunto Metropolitano para combatir al delito. Pero todavía no hay resultados o, al menos, no los conocemos.
En noviembre del año pasado, después del cacerolazo por la aparición —mutilado— de un muchacho de apellido Belluscio, nuevamente se anunciaron en la provincia de Buenos Aires otra serie de medidas que también incluía al Estado Mayor Conjunto Metropolitano, el cual ahora —otra vez— se quiere relanzar.
Se trata de acciones espasmódicas con las que no se conseguirá absolutamente ningún resultado. Son anuncios para el marketing político, como cuando dos días antes de la elecciones salió en los diarios “bajaron un 5 por ciento los delitos”, pero dos meses después aparece publicado que, contrariamente, los delitos había aumentado. Y así vamos errantes por el camino sin encontrar una solución, porque no hay una política definida. Hay muchas otras cosas que también influyen en este aumento de la criminalidad que nos conmueve.
La inseguridad tiene dos aspectos: uno es el objetivo, es el riesgo que tenemos todos de ser víctimas de un delito; y el otro es el subjetivo, es la sensación que tenemos de que vamos a ser víctimas de un delito, es la inseguridad y la incertidumbre, que afectan la calidad de vida, la credibilidad de las instituciones y hasta la economía.
Por lo tanto, tenemos que encarar la situación con un sentido integral y decir las cosas por su nombre.
En el año 2003 el ministro Beliz anunció cuarenta medidas en el marco de un plan fenomenal. Sólo citaré dos de ellas para que vean que a veces el remedio resulta peor que la enfermedad. Una de las medidas era un premio por productividad a los comisarios, es decir, cuanto más delincuentes “cazaran” tendrían un premio mayor. En consecuencia, ¿qué garantías hay de que no vayan a fabricar delitos para tener el premio?
La otra era que las comisarías tenían que hacer un mapa del delito para compararlo con el que hagan los vecinos. ¿Se imaginan a los vecinos haciendo un mapa de los delitos, que requiere técnica, soporte informático, etcétera? Con medidas de este tipo no creo que vayamos a avanzar mucho en la eliminación de la inseguridad.
Pero hay otras cosas. Existen ciertas teorías en danza —de juristas y penalistas— que son minimalistas en el Derecho Penal, son abolicionistas del derecho penal. Y eso también tiene efectos, porque pareciera que el Derecho Penal es un pecado. Hace pocos días estuvo acá el doctor Julio Maier, cuando tratamos el proyecto vinculado con la Corte Penal Internacional, y vertió conceptos que me dejaron azorado. Dijo: “A pesar de haberme dedicado al Derecho Penal toda mi vida, no creo en el Derecho Penal. Ha contribuido a solucionar muy poquitas cosas o directamente no ha solucionado absolutamente nada. La pena nace, prácticamente, como un reconocimiento de esa organización que tenemos, que significa atribuir al soberano conductas que, si las realiza otro, serían antijurídicas.” Pone como ejemplo la pena de muerte. “La pena de muerte no es más que un homicidio, no consiste en otra cosa que en matar a otro directamente. La privación de libertad, si la realizo como juez, si la dicto en una sentencia, en realidad, es lo mismo que si me llevo a alguno de ustedes a casa y lo encierro.”
Yo no ataco a este hombre pero si él enseñó Derecho Penal durante cuarenta años, supongo que alguno de sus alumnos habrá sido juez y, probablemente tengan en cuenta estos principios cuando apliquen el Derecho Penal. El doctor Maier dijo: “El Derecho Penal elige a las víctimas, elige a las personas sobre las que va a hacer recaer los efectos del delito y, además, las víctimas son señaladas de antemano, no digo individualmente pero el núcleo de donde parten es, en general, de quienes tienen menos posibilidad de defenderse frente a esta agresión que significa el derecho penal.”. Para el doctor Maier el Derecho Penal es una agresión.
También conocemos otros fallos. En ocasión de la audiencia pública para prestar acuerdo al doctor Zaffaroni como juez de la Corte Suprema de Justicia, vimos el fallo Tiraboschi, en donde no se consideró violación cuando un hombre —una bestia— tomó a una criatura y la hizo practicar fellatio. Se dijo que jurídicamente era un atenuante el hecho de que se la haya hecho practicar en la oscuridad y, por lo tanto, no hubo violación.
Entonces, ¿cuál es el mensaje que transmitimos a la sociedad cuando hay jueces que no aplican el derecho penal como corresponde?
Sr. Presidente. — Señor senador: le agradezco que vaya redondeando.
Sr. Menem. — Sí, pero le pido la misma tolerancia que ha tenido con otros colegas.
Sr. Presidente. — Adelante unos minutos más.
Sr. Menem. — No se trata de garantistas o no garantistas, como aquí se ha dicho. Acá se trata de a quién vamos a proteger. Es un problema de protección de los derechos humanos de todos, y no solo de algunos.
Cuando hablamos de derechos humanos yo digo que también tienen derechos humanos los uniformados, porque acá parece que estar uniformado es un pecado. También esta es una causa por la que se le pierde el respeto a la policía, porque parece que tener uniforme es estar manchado. ¿O acaso no pasó el otro día en el acto de la ESMA cuando escupieron a los cadetes que estaban haciendo guardia allí? Esos chicos todavía no habían nacido cuando fue el golpe. Los escupieron, los denostaron, lo insultaron y hasta casi los agredieron físicamente porque tenían uniforme. Entonces, todos estos comportamientos son los que tenemos que tratar de corregir, porque tiene que haber una política de Estado en materia de seguridad.
No se trata de que cada uno lleve agua para su molino, no puede haber partidismo en cuestiones de política de seguridad. Todos tenemos que estar en la misma línea, y así como debemos tener una política de Estado en algunas cuestiones de política exterior, tiene que ser también en seguridad, ni más ni menos, como en educación. A pesar de que pasen los gobiernos deben seguirse los caminos trazados en estas materias.
En materia carcelaria es una vergüenza. Fíjense que las cárceles de Ezeiza y de Marcos Paz son las únicas que se construyeron después de muchos años. Nosotros estamos sancionando leyes, endureciendo penas, restringiendo libertades, pero ¿dónde vamos a poner a los presos si no se hacen cárceles? ¿Hay una política? ¿Está previsto hacerse? No sé. Si lo hay, por lo menos, no la conocemos.
Entonces, son todos estos temas los que debemos discutir. Y discúlpeme, presidente, porque usted me está apurando y eso me pone nervioso. Pero, como decía, hay muchas otras cosas que se pueden criticar. Por ejemplo, creo que ha sido un gravísimo error pasar las fuerzas de seguridad al Ministerio de Justicia. Ha sido un gravísimo error. Siempre estuvieron en la órbita del Ministerio del Interior. En todo el mundo es así, o al menos en el 90 por ciento es así.
¿Qué tienen que ver las fuerzas de seguridad con el Ministerio de Justicia? El ex presidente Duhalde lo hizo por motivos coyunturales: porque estaba Juan José Álvarez, que es la persona que le merecía confianza y quería entregarle a él todas las fuerzas de seguridad. Pero creo que, por las mismas razones personales, tendríamos que haberlas traspasado de nuevo a la órbita del Ministerio del Interior. Es más, ya se tendría que haber convocado el Consejo de Seguridad. Más aún, se tendría que haber convocado al Comité de Crisis que prevé la ley de seguridad interior, porque estamos viviendo en una emergencia en lo que hace a la inseguridad. Nada de eso se hace. ¿Por qué? Porque no se lo siente. El Ministerio del Interior que está en contacto con las provincias es el que tiene que motorizar el Consejo de Seguridad previsto por la ley de seguridad interior.
En todo lo demás, presidente, creo que es bastardear el tema hablar de mano dura o mano blanda. Me parece que tenemos que dar el marco legal. De esto se trata: de dar el marco legal para que el Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza, aplique el derecho. Si damos el marco legal para que aplique el derecho, no puede haber mano blanda ni mano dura, simplemente tiene que aplicarse la ley como corresponde. Este es un tema que no sólo nos atañe a nosotros, sino también a los jueces, al Poder Ejecutivo y a los que dirigen el sistema carcelario. Es un tema integral. Por eso digo que acá no hay soluciones parciales. No puede haber soluciones parciales. Tienen que ser integrales y todas ellas tienen que formar parte de una verdadera política de Estado que fijemos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y que la haga cumplir el Poder Judicial y que dure no obstante el cambio de gobierno. Esto es lo que pienso.
Por ello, en cuanto a estas dos normas que vamos a sancionar comparto plenamente tanto la que restringe la libertad condicional como la de telefonía, que tiene muy buenos propósitos. Una parte ya está legislada; a otra hay que hacerle algunas correcciones para que realmente cumpla con los fines para los cuales ha sido ideada.