Proyecto de ley sobre composición de la Cámara Nacional Electoral

RETORNAR

19 de septiembre de 1990
25ª Reunión – 19ª Sesión Ordinaria
Diario de Sesiones – Páginas 3524 y 3525

Sr. Menem. — Señor presidente: me veo prácticamente obligado, por imperio de mi conciencia, a expresar unas breves reflexiones sobre este tema porque considero, a la luz de alguna responsabilidad partidaria, que esta tarde se han deslizado aquí algunos conceptos que no podemos dejar pasar. Porque si no lo hiciéramos parecería que estamos aceptando tácitamente algunas de las afirmaciones que se han hecho.
No siempre el que calla otorga. En derecho, me han enseñado que el que no habla o el que calla, realmente, no dice nada, salvo que la ley expresamente le asigne valor a ese silencio. Pero en política no es así. Aquí se han deslizado algunos conceptos que considero agraviantes no sólo para este Poder Legislativo y para el Ejecutivo, sino también para el propio Poder Judicial, ya que se ha dicho que el aumento del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación —tema que ya se ha debatido democráticamente en este recinto, y sobre el cual creo que ya hay una suerte de cosa juzgada, si se me permite la comparación— obedecía poco menos que a la conveniencia política del partido gobernante. Y todavía se dice que el tiempo les ha dado la razón. ¿En qué les ha dado la razón, me pregunto?
Si existe la sospecha de parcialidad respecto de algunos de los miembros de la Corte Suprema, ¿por qué no se asumen las responsabilidades y se promueve el juicio político que es la vía idónea cuando se quiere cuestionar a un juez, en lugar de mancharlo con la sospecha insinuada, que no se concreta en hechos?
Parece ser, señor presidente, que aquí algunos consideran que tienen patente de demócratas; que cuando hacen una propuesta la misma es válida, y otra similar, de otro partido político queda invalidada porque consideran que ellos tienen derecho a hacerlo y el otro partido no.
Concretamente, me refiero al caso del aumento del número de los miembros de la Corte. Cuando el Poder Ejecutivo, encabezado por el doctor Alfonsín hizo la propuesta, se la consideró un acto de la democracia. Cuando lo propone el gobierno que le sigue, resulta ser un acto antidemocrático. Es decir, ayer era válido proponer el aumento del número de miembros, no se podía sospechar porque quienes lo proponían tenían patente de demócratas. Si lo propone el otro gobierno se tiene que sospechar de parcialidad y se dice que obedece a las directivas del partido gobernante.
Me pregunto para qué estamos aquí, en el Senado, cuando damos el acuerdo a los jueces. ¿Para qué están las instituciones de la República si no es para ejercer ese control? Precisamente, el control es del propio Parlamento, en el caso de los jueces que incurren en mal desempeño de sus funciones.
En este momento, en la Cámara de Diputados se ha planteado un juicio político y nosotros en unos días más tendremos que tratar la acusación contra un juez.
Entonces, si hay sospecha, hay que asumir la responsabilidad y hacer la denuncia. Si no, creo que hay que callar por respeto a las instituciones.
Personalmente, no pongo en duda los conocimientos teológicos que evidencia el señor senador Brasesco cuando se remite a Tomás. Pero yo me quiero acercar un poco más a la Tierra y me permitiría sugerirle que así como muchas veces nosotros en derecho tenemos la duda y hablamos del in dubio pro reo y del in dubio pro operario, apliquemos el in dubio pro democracia y no el in dubio pro autoritarismo.
Digo esto, señor presidente, porque observo que aquí se vuelve a insistir en el tema de gobernar por decreto y se está queriendo instalar en la sociedad la idea de que hay un avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. Ya se ha lanzado a la opinión pública la posibilidad de que este Poder Ejecutivo no convoque a extraordinarias, cuando todavía no hemos terminado las sesiones ordinarias.
Es más, algunos ya se han apresurado a pedir que se prorroguen las sesiones ordinarias, olvidando que durante los anteriores cinco años no pudimos conseguir que se prorrogara el período de sesiones ordinarias.
Siempre ha habido sesiones extraordinarias y también las va a haber una vez que se vea cuáles son los proyectos de ley que aprobamos y cuáles los que no. Pero es poco saludable que ahora empecemos a prejuzgar sobre esta cuestión. Así como no se debe prejuzgar sobre la idoneidad, la ética y el comportamiento de los jueces, no debemos hacerlo tampoco respecto de la actitud del Poder Ejecutivo en cuanto a si va a convocar al Parlamento a sesionar extraordinarias o no.
Con referencia al tema de gobernar por decreto, seguramente ya lo discutiremos caso por caso. Pero me parece que aquello de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio es un asunto acerca del cual algunos tendrían que reflexionar. No nos olvidemos, porque no es una historia lejana, de que todo un programa económico se instrumentó a través de un decreto disponiendo el cambio de moneda. También nosotros, en ese momento, hicimos nuestra crítica, pero apoyamos la norma cuando nos fue remitida dentro del proyecto de presupuesto mucho tiempo después.
Tampoco, nos debemos olvidar, señor presidente, de la ocasión en que aprobamos el proyecto de ley de traslado de la Capital. En eso proyecto se decía que se crearía un ente para el traslado de la Capital en virtud de una ley que se remitiría al Congreso. El proyecto de ley estuvo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero el Entecap se creó por decreto.
Por eso opino que no debemos plantear este tipo de cuestiones. Bien se dice que el que vive en casa de cristal debe cuidarse muy bien de arrojar piedras, porque se le puede romper la casa.
Entonces, a la hora de tomar decisiones de este tipo, tenemos que ser un poco más cuidadosos porque estamos tratando de consolidar un proceso institucional.
Me hubiera gustado que por lo menos se leyera el proyecto que envió el Ejecutivo; lo tenemos a la mano. Si se hubiera leído se habrían dado cuenta de que lo que hoy se critica se admitió en su momento porque, inicialmente, la Cámara Nacional Electoral nació con cinco miembros y un procurador. Primero fue creada administrativamente; después pasó a la órbita judicial y luego se disolvió. Se creó con cinco miembros, como dije, y cuando renació, tuvo tres miembros.
Entonces, esta iniciativa no es tan descabellada, como tampoco lo fue la de ampliar el número de los miembros de la Corte Suprema pues en algún momento funcionó con siete y hubo un proyecto que propiciaba elevarlo a nueve.
Está bien; podemos discrepar políticamente. Es opinable el hecho de que la Corle funcione mejor con cinco; siete o nueve miembros. Pero no está bien que nos atribuyamos fines subalternos alrededor de esta iniciativa.
¿Qué ventajas podríamos tener si los jueces de la Cámara Nacional Electoral fueran adictos? La historia ha demostrado que las elecciones se ganan o se pierden en las urnas y no en los estrados judiciales. De lo que se trata aquí es de agilizar la Justicia.
El señor senador por Entre Ríos ha tenido a bien hacer una radiografía de nuestro partido…
Sr. Brasesco. — Fue una foto en realidad.
Sr. Menem. —… lo que le agradezco mucho, porque nos gusta que se ocupen de nosotros. Pero también me hubiera gustado que se refiriera a todas las heterogeneidades que existen en su partido político; hubiera sido un poco más divertido.
De cualquier forma, eso es un elemento más a favor de esta iniciativa porque todas esas líneas internas de los partidos políticos, esa suerte de atomización que están sufriendo, están preanunciado que la Cámara Nacional Electoral va a tener en el futuro más trabajo del que tiene actualmente.
No sé si los señores senadores conocen este dato, pero hoy hay cerca de quinientos partidos políticos registrados y la Cámara Nacional Electoral cuenta sólo con tres miembros. Dicho organismo, además, interviene en otros temas: justicia del trabajo, colegiación de profesionales, etcétera.
Señor presidente: está bien que discrepemos acerca de si es mejor que haya cinco o tres miembros. Pero no debemos subalternizar los fines que mueven a este proyecto porque de lo contrario estaríamos sembrando semillas de discordia.
Quiero que ubiquemos este tema en su justo marco, como también tendremos que hacerlo con otros asuntos que van a venir a nuestra consideración. Reitero que no debemos atribuirnos intenciones subalternas, porque si lo hacemos no estamos contribuyendo a la consolidación de las instituciones de la República.
Creo que este proyecto está bien fundado y que el señor miembro informante ha dado perfectamente las razones que lo avalan. Entiendo que vamos a contribuir en bien de la justicia electoral si permitimos que un mayor número de jueces se encarguen de las de por sí numerosas causas que hoy existen, y que seguramente van a aumentar en el futuro si nos atenemos al diagnóstico realizado por el señor senador por Entre Ríos.

RETORNAR